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Código de Ética de la IA en República Dominicana: qué exige el Decreto 787-26 a la Administración y a sus proveedores tecnológicos

9 nov
5 min de lectura

El Decreto 787-26, firmado el 2 de noviembre de 2026, aprueba el Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos, que obliga a toda la Administración dominicana y, a través de los contratos, a las empresas que le suministran soluciones de inteligencia artificial.


Funcionario dominicano revisando documentos junto a un ordenador portátil en una oficina pública con la bandera de la República Dominicana

De un vistazo

  • El código es obligatorio para la Administración centralizada y descentralizada, incluidas las empresas públicas, cuando diseñen, compren o utilicen sistemas de inteligencia artificial, también asistentes de redacción y herramientas de análisis que incidan en actos administrativos.

  • Prohíbe, entre otros usos, la puntuación social de los ciudadanos, la identificación biométrica masiva sin orden judicial, el perfilado criminal predictivo y la automatización de sentencias penales, y exige una evaluación de impacto ético y de derechos antes de poner en marcha los sistemas de alto impacto.

  • Las instituciones disponen de 180 días naturales para adecuarse y deberán incluir en pliegos y contratos cláusulas de protección de datos, auditoría, trazabilidad y control estatal de la información que vinculan a los proveedores.

El Poder Ejecutivo aprobó el 2 de noviembre de 2026, mediante el Decreto núm. 787-26, el Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos de la República Dominicana, que la Presidencia hizo público al día siguiente. El texto, elaborado por la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) con el apoyo técnico de la Alianza para el Gobierno Abierto, desarrolla uno de los objetivos de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y toma como referencia la Recomendación de la UNESCO y los principios de la OCDE.

Aunque se presenta como un código ético, no se limita a enunciar principios. Fija prohibiciones concretas, evaluaciones previas, registros de sistemas, derechos de información y revisión humana para los ciudadanos y requisitos de contratación pública. Por eso interesa no solo a las instituciones, sino también a las empresas tecnológicas, consultoras e integradores que venden o desean vender soluciones de inteligencia artificial al Estado dominicano.


A quién se aplica

El código rige para todos los órganos, entes, organismos, instituciones y empresas públicas de la Administración centralizada y descentralizada cuando diseñen, desarrollen, adquieran, contraten, implementen, supervisen o utilicen sistemas de inteligencia artificial en la prestación de servicios públicos, en el ejercicio de funciones administrativas o en la producción de actos administrativos.

Su alcance incluye el uso cotidiano de herramientas por parte de los servidores públicos, como los asistentes de redacción o los sistemas de apoyo a la gestión, siempre que ese uso influya en una función pública o en un acto administrativo. El código no regula la actividad privada de las empresas con inteligencia artificial, pero sí alcanza a quienes contratan con la Administración, porque sus exigencias se trasladan a los pliegos y a los contratos.


Usos prohibidos y sistemas de alto impacto

El texto enumera usos estrictamente prohibidos en el sector público: la puntuación o clasificación social generalizada de los ciudadanos, la identificación biométrica masiva en espacios públicos sin orden judicial, el perfilado criminal predictivo basado en el lugar de residencia, el origen o la condición socioeconómica, los sistemas que determinen por sí solos sentencias penales o medidas privativas de libertad, la manipulación del comportamiento ciudadano y las armas autónomas. Añade una prohibición absoluta de los sistemas que generen o difundan contenido lesivo contra niños, niñas y adolescentes, y una presunción reforzada de riesgo para cualquier sistema dirigido a menores.

Los sistemas de alto impacto, que son los que pueden afectar de forma significativa el acceso a derechos, la elegibilidad para beneficios públicos, el ejercicio de potestades sancionadoras o la continuidad de servicios esenciales, no podrán entrar en producción sin una Evaluación de Impacto Ético y de Derechos completa, revisada por el órgano de supervisión y con un resumen publicado. Cada institución deberá llevar además un registro interno de sus sistemas, con su finalidad, los datos que tratan, el proveedor, el área responsable y el nivel de riesgo, y un extracto se publicará en un portal de transparencia del Estado.


Derechos de los ciudadanos frente a decisiones apoyadas por IA

Cuando un trámite o una decisión administrativa se haya apoyado en un sistema de inteligencia artificial, la institución deberá informar de ello de forma clara, explicar para qué se utilizó y cuáles fueron los factores relevantes, y ofrecer la posibilidad de pedir aclaraciones o una revisión por una persona. La regla se aplica tanto en los canales digitales como en la atención presencial.

Estos derechos se ejercen por las vías administrativas ordinarias, sin perjuicio de los recursos que ya existen. Los plazos máximos para atender las solicitudes de revisión humana quedan pendientes de que los fije el órgano de supervisión según el nivel de impacto de cada sistema, de modo que su eficacia práctica dependerá en buena medida de cómo se desarrolle el código en los próximos meses.


Qué cambia en la contratación pública

Es el punto de mayor alcance para el sector privado. Las instituciones contratantes deberán incluir en los pliegos de condiciones, términos de referencia y contratos de adquisición, desarrollo, licencia o uso de sistemas de inteligencia artificial las cláusulas necesarias para garantizar el cumplimiento del código, de la normativa de protección de datos personales, de los estándares de seguridad y de las obligaciones de auditoría, trazabilidad y supervisión.

En concreto, los contratos tendrán que asegurar que los datos permanecen bajo el control efectivo del Estado dominicano, que el sistema puede auditarse sin que lo impidan cláusulas de confidencialidad comercial, que el proveedor se adhiere expresamente al código y que existen mecanismos de corrección, suspensión o terminación en caso de incumplimiento. También podrán exigirse pruebas sobre la gestión de sesgos, la documentación técnica y la actualización responsable del sistema. En la práctica, se cierra la puerta a las soluciones que funcionen como una caja negra para la Administración.


Supervisión, plazos y límites del decreto

La DIGEIG actúa como órgano rector en la vertiente ética: supervisa el cumplimiento, aprueba las evaluaciones de los sistemas de alto impacto y puede exigir medidas correctoras. La OGTIC presta el soporte técnico y gestiona el registro y el portal de transparencia. El decreto crea además el Consejo Nacional de Ética de la Inteligencia Artificial, un órgano consultivo en el que participan instituciones públicas y representantes de la sociedad civil, la academia y el sector privado.

Las instituciones tienen 180 días naturales para adecuar sus procesos, registrar los sistemas que ya utilizan y designar responsables, lo que sitúa el horizonte de cumplimiento a comienzos de mayo de 2027. El código no establece un régimen sancionador propio: los incumplimientos se tramitarán conforme al Código de Integridad del Sector Público y a la normativa administrativa vigente. Para los proveedores, sin embargo, la consecuencia real será contractual, porque el incumplimiento podrá justificar la suspensión o la resolución del contrato.


Comentario de Bufete Castañeda

El Decreto 787-26 sitúa a la República Dominicana entre los primeros países de la región con reglas operativas sobre el uso de la inteligencia artificial en el sector público, con prohibiciones muy próximas a las del Reglamento europeo de IA. Para las empresas españolas y portuguesas que ya trabajan con el Reglamento (UE) 2024/1689, buena parte de la documentación exigida resultará familiar, pero las cláusulas de soberanía de los datos y de auditoría sin reservas de confidencialidad exigen revisar con atención los modelos contractuales y de licencia.

En la práctica, las empresas que suministran o quieren suministrar soluciones de IA al Estado dominicano deberían:

  • Revisar sus contratos tipo y sus licencias para incorporar la adhesión al código, el control estatal de los datos y el derecho de auditoría, y valorar cómo proteger su propiedad intelectual sin bloquear esa auditoría.

  • Preparar la documentación técnica que las instituciones necesitarán para sus evaluaciones de impacto y registros: finalidad, datos tratados, gestión de sesgos, trazabilidad y medidas de seguridad.

  • Seguir de cerca los desarrollos de la DIGEIG y la OGTIC durante el período de adecuación, en particular los plazos de revisión humana y los criterios de clasificación del alto impacto, que condicionarán las próximas licitaciones.

En Bufete Castañeda asesoramos a empresas de España, Portugal y la República Dominicana en contratación pública, protección de datos y cumplimiento normativo de proyectos tecnológicos y de inteligencia artificial.

 
 
 

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