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Nacionalidad portuguesa: el Gobierno aprueba el reglamento de la nueva ley, pero las pruebas y el requisito de medios aún no se aplican

hace 5 días
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El Consejo de Ministros de Portugal aprobó el 29 de octubre de 2026 el decreto-ley que desarrolla la nueva Ley de Nacionalidad, pero hasta que se publique en el Diário da República seguirá sin saberse cómo se acreditan en la práctica el conocimiento de la lengua y la cultura o los medios de subsistencia.


Mesa de una oficina del registro civil en Lisboa con formularios, una pluma, un documento de tapas rojas y la bandera de Portugal

De un vistazo

  • La Ley Orgánica 1/2026, en vigor desde el 19 de mayo, exige siete años de residencia legal a los nacionales de países de lengua portuguesa y de la Unión Europea y diez años al resto para obtener la nacionalidad por naturalización.

  • El reglamento aprobado el 29 de octubre concretará las pruebas de lengua, cultura, historia e instituciones, el requisito de subsistencia, la declaración de adhesión al Estado de derecho y la recogida de datos biométricos, pero su texto aún no es público.

  • Las solicitudes presentadas antes del 19 de mayo de 2026 se siguen rigiendo por la ley anterior; quien prepare ahora un expediente debe ordenar su historial de residencia y esperar a la publicación antes de presentarlo.

La reforma de la Ley de Nacionalidad portuguesa se aprobó en dos tiempos. Primero, la Ley Orgánica 1/2026, de 18 de mayo, endureció los requisitos para obtener la nacionalidad por residencia y entró en vigor al día siguiente de su publicación. Después, la propia ley encargó al Gobierno adaptar en un plazo de 90 días el Reglamento de la Nacionalidad Portuguesa, aprobado por el Decreto-ley 237-A/2006, para fijar cómo se prueban los nuevos requisitos. Ese plazo venció a mediados de agosto sin que se aprobara el texto.

El 29 de octubre de 2026 el Consejo de Ministros aprobó por fin el decreto-ley de desarrollo. Es un paso relevante para los extranjeros residentes en Portugal, incluidos los titulares de una autorización de residencia para inversión, que contaban con la nacionalidad como objetivo a medio plazo. Sin embargo, la aprobación gubernamental no basta: mientras el decreto-ley no se promulgue y se publique, no produce efectos y su contenido exacto sigue sin conocerse.


Qué exige ya la Ley Orgánica 1/2026

Desde el 19 de mayo de 2026, quien solicite la nacionalidad por naturalización debe haber residido legalmente en Portugal al menos siete años si es nacional de un país de lengua oficial portuguesa o ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea, y al menos diez años en los demás casos. Para muchos residentes extracomunitarios, que con la redacción anterior podían solicitarla a los cinco años, el horizonte se duplica.

Los años de residencia no tienen que ser consecutivos. La ley permite sumar todos los períodos de residencia legal siempre que se hayan cumplido dentro de un intervalo máximo de nueve o de doce años, según el caso. Esto obliga a revisar con detalle el historial de títulos de residencia, sus renovaciones y los posibles períodos sin título vigente.

Además del tiempo de residencia, el solicitante debe acreditar, mediante prueba o certificado, un conocimiento suficiente de la lengua y la cultura portuguesas, de la historia y los símbolos nacionales, de los derechos y deberes inherentes a la nacionalidad y de la organización política del Estado. También debe declarar solemnemente su adhesión a los principios del Estado de derecho democrático y demostrar que puede asegurar su subsistencia. Estas exigencias de conocimiento y la declaración se extienden igualmente a los nietos de portugueses.


Qué concretará el reglamento aprobado el 29 de octubre

Según el comunicado oficial del Consejo de Ministros, el decreto-ley fija las condiciones en que se realizarán las pruebas de conocimiento de la lengua, la cultura, la historia y las instituciones portuguesas, define el marco del requisito de subsistencia, establece los términos de la declaración de adhesión a los principios del Estado de derecho democrático y regula el procedimiento de recogida de datos biométricos, que la ley ya prevé y que comprende imagen facial, huellas dactilares y altura.

El Gobierno anuncia también medidas de simplificación y digitalización de la tramitación, con intercambio de información entre servicios públicos para reducir la documentación que aporta el interesado y acelerar las resoluciones. No es una cuestión menor: según datos difundidos por la prensa portuguesa, a 30 de junio de 2026 había más de 690.000 solicitudes de nacionalidad pendientes en el Instituto dos Registos e do Notariado.


Lo que todavía no se sabe

El texto aprobado no es público. Hasta su publicación se desconocen extremos decisivos para cualquier expediente: el nivel de lengua exigido, el formato, el lugar y el coste de la prueba de cultura e historia, los certificados que se aceptarán en su lugar, la cuantía o el criterio de los medios de subsistencia, las posibles exenciones y las reglas transitorias. Conviene desconfiar de los resúmenes que circulan con cifras concretas que no proceden de una fuente oficial.

El procedimiento pendiente es el ordinario. El decreto-ley se remite al Presidente de la República, que dispone de 40 días desde su recepción para promulgarlo o vetarlo y puede solicitar antes al Tribunal Constitucional un control preventivo. Tras la promulgación y el refrendo, se publicará en el Diário da República y entrará en vigor en la fecha que él mismo fije o, en su defecto, el quinto día posterior a la publicación. Una vez publicado, diez diputados pueden pedir en el plazo de 30 días que la Asamblea de la República lo someta a apreciación parlamentaria.


Solicitudes pendientes y expedientes en preparación

Las solicitudes que estaban en tramitación el 19 de mayo de 2026 continúan rigiéndose por la Ley de Nacionalidad en su redacción anterior, de modo que la entrada en vigor del reglamento no debería alterar los requisitos de fondo que se les aplican. Quien ya tenga un expediente abierto debe, sobre todo, vigilar los requerimientos de la Conservatória y responderlos en plazo.

Para las solicitudes presentadas desde el 19 de mayo, o que se vayan a presentar, rigen ya los nuevos requisitos legales, pero no la forma de acreditarlos. Presentar ahora un expediente sin saber qué pruebas y documentos se exigirán expone a requerimientos posteriores o a una resolución desfavorable. En la mayoría de los casos resulta más prudente preparar la documentación de residencia y de medios y esperar a la publicación del reglamento antes de presentar la solicitud.


Comentario de Bufete Castañeda

La reforma convierte la nacionalidad portuguesa en un objetivo a más largo plazo y con más exigencias formales, especialmente para los residentes de fuera de la Unión Europea y de la comunidad lusófona. Para los inversores y profesionales españoles el impacto es menor, porque como ciudadanos de la Unión no necesitan la nacionalidad para residir y trabajar en Portugal, pero sí afecta a sus familiares de terceros países y a los clientes latinoamericanos que utilizaron Portugal como puerta de entrada a Europa.

En la práctica, quienes estén valorando solicitar la nacionalidad portuguesa deberían:

  • Reconstruir su historial de residencia legal con fechas exactas de cada título y renovación, para comprobar si cumplen los siete o diez años dentro del intervalo de nueve o doce años que admite la ley.

  • Preparar desde ahora la prueba de sus medios de subsistencia y, en su caso, un certificado oficial de lengua portuguesa, a la espera de saber qué nivel y qué documentos admitirá el reglamento.

  • Esperar a la publicación del decreto-ley en el Diário da República antes de presentar una solicitud nueva y revisar entonces el régimen transitorio aplicable a su caso concreto.

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