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Espacios controlados de pruebas de IA: la Comisión fija las reglas comunes para probar sistemas bajo supervisión antes de llegar al mercado

hace 3 días
6 min de lectura

El Reglamento de Ejecución (UE) 2026/2487, publicado el 11 de noviembre en el Diario Oficial de la Unión Europea, establece cómo se accede, se trabaja y se sale de los espacios controlados de pruebas del Reglamento de Inteligencia Artificial, y se aplicará a partir del 1 de diciembre de 2026.


Fachada del edificio Berlaymont, sede de la Comisión Europea en Bruselas, con la bandera de la Unión Europea

De un vistazo

  • Todos los espacios controlados de pruebas de IA de la Unión, nacionales, regionales, sectoriales o conjuntos, se regirán desde el 1 de diciembre de 2026 por las mismas reglas de acceso, selección, supervisión y salida.

  • Las pymes y empresas emergentes tienen acceso prioritario y gratuito a los servicios de orientación; la autoridad debe resolver en tres meses y entregar el informe de salida en un máximo de 45 días hábiles.

  • El informe de salida se reconoce en toda la Unión, pero no equivale a una declaración de conformidad ni autoriza a comercializar el sistema: el participante sigue respondiendo de los daños a terceros.

El Reglamento (UE) 2024/1689 obliga a cada Estado miembro a disponer de al menos un espacio controlado de pruebas para la inteligencia artificial, el llamado sandbox regulatorio: un entorno en el que un proveedor desarrolla, entrena, valida y prueba un sistema durante un tiempo limitado, conforme a un plan pactado con la autoridad competente y bajo su supervisión, antes de introducirlo en el mercado o ponerlo en servicio.

Faltaban las reglas de detalle. La Comisión las adoptó el 10 de noviembre de 2026 mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2026/2487, dictado al amparo del artículo 58 del Reglamento de IA. Al ser un reglamento, se aplica directamente en todos los Estados miembros sin necesidad de transposición y entra en vigor el vigésimo día siguiente a su publicación, es decir, el 1 de diciembre de 2026.


Un marco común para todos los espacios de pruebas

La norma se aplica a todos los espacios controlados de pruebas creados conforme al artículo 57 del Reglamento de IA, ya sean nacionales, regionales o locales, sectoriales o compartidos entre varios Estados miembros, así como a los que pueda poner en marcha la Oficina de IA a escala de la Unión. El objetivo declarado es evitar que cada país diseñe su propio procedimiento y que las empresas se encuentren con condiciones distintas según la autoridad a la que acudan.

El calendario quedó modificado por el Reglamento (UE) 2026/1744, conocido como ómnibus digital sobre IA, que retrasó un año la obligación de tener operativo el primer espacio nacional. Los Estados miembros disponen ahora hasta el 2 de agosto de 2027, aunque la Comisión anima a lanzar proyectos piloto antes de esa fecha y a crear espacios conjuntos entre autoridades de distintos países.


Quién puede participar y cómo se selecciona

Pueden solicitar la participación los proveedores y futuros proveedores de sistemas de IA, solos o junto con responsables del despliegue y otros terceros necesarios para el proyecto. Se admiten tres situaciones: sistemas que aún no se han introducido en el mercado, sistemas ya comercializados que van a someterse a una modificación sustancial y sistemas que, sin ser de alto riesgo por su finalidad prevista, se están utilizando de un modo que los convierte en tales. La solicitud puede presentarse en un Estado miembro distinto de aquel en que esté establecida la empresa.

Las autoridades valoran cinco criterios: la necesidad real de participar por los retos regulatorios del proyecto, su potencial de aprendizaje regulatorio, su contribución al interés público, la madurez de la propuesta y el carácter innovador del sistema. Deben comunicar el resultado en un plazo máximo de tres meses desde que la solicitud esté completa o desde el cierre de la convocatoria, y la decisión puede recurrirse conforme al Derecho nacional.

Las pymes, incluidas las empresas emergentes, tienen acceso prioritario y reciben sin coste los servicios de orientación, asesoramiento y supervisión regulatoria, salvo gastos excepcionales. A las demás empresas se les puede repercutir el coste completo, siempre que se haya informado de ello de antemano. Los proveedores de fuera de la Unión sin sede ni sucursal en ella deben actuar a través de un representante autorizado establecido en la Unión.


El plan de pruebas y la supervisión

Cada proyecto seleccionado se desarrolla conforme a un plan pactado con la autoridad, que recoge los objetivos, el calendario, el reparto de funciones, los requisitos del Reglamento de IA que se van a examinar, el tratamiento de datos personales, las salvaguardas de gestión de riesgos, el procedimiento ante incidentes graves y, en su caso, las pruebas en condiciones reales. Cuando se traten datos personales, las autoridades de protección de datos deben intervenir.

La autoridad puede suspender el proyecto, temporal o definitivamente, si se incumple el plan o si aparecen riesgos significativos para la salud, la seguridad o los derechos fundamentales que no puedan mitigarse, y debe comunicarlo a la Oficina de IA. Una prórroga exige acuerdo de ambas partes a más tardar 30 días naturales antes de la fecha de finalización prevista.

El uso de datos personales recogidos para otros fines solo es posible en los supuestos de interés público que enumera el artículo 59 del Reglamento de IA y con condiciones estrictas, entre ellas justificar que no bastan datos anonimizados o sintéticos y suprimir los datos al terminar la participación.


Qué se obtiene al salir y qué no

Al finalizar, la autoridad entrega una prueba escrita de las actividades realizadas y un informe de salida, este último en un plazo máximo de 45 días hábiles. El informe recoge las cuestiones regulatorias examinadas, cómo se resolvieron, las prácticas recomendadas y, en su caso, los incidentes graves. Las autoridades de vigilancia del mercado y los organismos notificados de cualquier Estado miembro deben reconocer ambos documentos y tenerlos en cuenta para agilizar la evaluación de la conformidad.

Ninguno de los dos tiene, sin embargo, el valor de una declaración UE de conformidad ni autoriza a comercializar el sistema. El Reglamento de IA excluye las multas administrativas por infracciones de ese reglamento cuando el participante respeta el plan y sigue de buena fe las indicaciones de la autoridad, pero no le exime de responder de los daños que se causen a terceros durante las pruebas. El informe de salida solo se publica si el participante y la autoridad lo acuerdan expresamente; sin ese acuerdo, la autoridad puede difundir conclusiones que no contengan información confidencial.


España parte con experiencia

España se adelantó con un proyecto piloto de espacio controlado de pruebas impulsado por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial en colaboración con la Comisión Europea, al amparo del Real Decreto 817/2023. Según la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, que participó como autoridad de vigilancia del mercado, el piloto acompañó a doce sistemas de alto riesgo de empresas españolas en seis sectores, entre ellos empleo, biometría, infraestructuras críticas y productos sanitarios, y dio lugar a dieciséis guías prácticas de cumplimiento.

Esa experiencia es útil, pero el espacio nacional que funcione a partir de ahora tendrá que ajustarse a las reglas comunes del Reglamento de Ejecución, que prevalecen sobre cualquier procedimiento propio que no sea compatible con ellas.


Comentario de Bufete Castañeda

El Reglamento de Ejecución convierte el espacio controlado de pruebas en una herramienta previsible y utilizable en toda la Unión, con plazos tasados y un documento de salida que viaja con la empresa. Conviene, no obstante, no sobrevalorarlo: es voluntario, no sustituye a la evaluación de la conformidad y no traslada a la autoridad la responsabilidad por los daños. Su principal valor está en resolver dudas de interpretación con el supervisor antes de invertir en la salida al mercado.

En la práctica, las empresas que desarrollan o integran sistemas de IA en la Unión deberían:

  • Valorar si su proyecto encaja en alguno de los tres supuestos de admisión y si plantea dudas regulatorias reales que justifiquen pedir la participación, en España o en otro Estado miembro.

  • Preparar con cuidado el plan de pruebas, en especial el tratamiento de datos personales, la gestión de riesgos y la información que desean mantener como confidencial antes de que termine el proyecto.

  • Mantener en paralelo su hoja de ruta de cumplimiento del Reglamento de IA y sus seguros de responsabilidad civil, porque el informe de salida no equivale a la conformidad ni cubre los daños a terceros.

En Bufete Castañeda asesoramos a empresas tecnológicas, startups e inversores en el cumplimiento del Reglamento europeo de Inteligencia Artificial y en la protección de datos aplicada a proyectos de IA en España y en la Unión Europea.

 
 
 

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