Ómnibus digital sobre IA: el 2 de diciembre de 2026 llegan nuevas prohibiciones y el marcado obligatorio del contenido sintético
El Reglamento (UE) 2026/1744 fija el 2 de diciembre de 2026 como fecha clave del Reglamento de Inteligencia Artificial: empiezan a aplicarse dos nuevas prácticas prohibidas del artículo 5 y vence el período transitorio para marcar el contenido sintético del artículo 50.2.

De un vistazo
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El Reglamento (UE) 2026/1744 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de julio de 2026 —el llamado Ómnibus digital sobre IA—, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 24 de julio (referencia BOE DOUE-L-2026-81147), modifica el Reglamento (UE) 2024/1689 para simplificar y adaptar su aplicación. Entre los cambios más inmediatos figuran la ampliación del catálogo de prácticas prohibidas y el cierre del período de adaptación del marcado de contenidos sintéticos.
Para las empresas españolas la norma es directamente aplicable. El 2 de diciembre de 2026 esos efectos producen obligaciones y riesgos sancionadores concretos, bajo la vigilancia de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) y del resto del sistema europeo de gobernanza.
Qué prohíbe el nuevo artículo 5
El Ómnibus inserta en el artículo 5.1 del Reglamento de IA dos letras nuevas. La letra b bis) prohíbe introducir en el mercado, poner en servicio o utilizar un sistema de IA que genere o manipule imágenes, vídeos o audios realistas —o material similar— de las partes íntimas de una persona física identificable, o de una persona identificable que participe en actividades sexualmente explícitas, sin su consentimiento libre, específico, informado, inequívoco y explícito.
La letra b ter) prohíbe lo mismo respecto de material o espectáculos de abusos sexuales de menores en el sentido del artículo 2, letras c) y e), de la Directiva 2011/93/UE, salvo que el Derecho nacional prevea una defensa de «forma ilícita». Hasta ahora el núcleo de las prohibiciones del artículo 5 se aplicaba desde el 2 de febrero de 2025; estas dos letras se aplazarán de forma expresa hasta el 2 de diciembre de 2026.
Proveedor frente a responsable del despliegue
El nuevo apartado 1 bis del artículo 5 distingue el alcance según el operador. Para el proveedor, la introducción en el mercado o la puesta en servicio solo está prohibida cuando esa generación o manipulación sea la finalidad prevista del sistema, o cuando su diseño, entrenamiento, arquitectura, capacidades o funcionalidades hagan de ella un resultado razonablemente previsible y reproducible sin modificaciones técnicas sustanciales, y el sistema carezca de medidas técnicas de seguridad razonables y de otras salvaguardias adecuadas.
Esas salvaguardias deben evitar de forma fiable el resultado prohibido —teniendo en cuenta el uso indebido razonablemente previsible— y corregir el uso indebido observado o notificado. El legislador menciona, entre otras, la depuración de datos, el entrenamiento de rechazo, los filtros de contenidos y los mecanismos de notificación y acción.
Para el responsable del despliegue la regla es más estrecha y finalista: la utilización solo se prohíbe cuando use el sistema con el fin de generar o manipular ese material. Una generación accidental sin esa finalidad no cae, por sí sola, bajo la prohibición del despliegue.
El marcado del artículo 50.2 y el plazo del 2 de diciembre
El artículo 50.2 del Reglamento de IA obliga a los proveedores de sistemas de IA —incluidos los de uso general— que generen contenido sintético de audio, imagen, vídeo o texto a marcar las salidas en un formato legible por máquina, de modo que sea posible detectar que han sido generadas o manipuladas artificialmente.
El Ómnibus añade el artículo 111.4: los proveedores de sistemas introducidos en el mercado antes del 2 de agosto de 2026 deben cumplir el artículo 50.2 a más tardar el 2 de diciembre de 2026. A partir de esa fecha, todos los proveedores sujetos a la norma deben marcar sus salidas.
El incumplimiento de las obligaciones de transparencia del artículo 50 puede sancionarse con hasta 15 millones de euros o el 3 % del volumen de negocios mundial anual, conforme al artículo 99.4; el de las prohibiciones del artículo 5, con hasta 35 millones o el 7 %, según el artículo 99.3.
Qué implica en España
En España el Reglamento de IA no necesita trasposición para producir estos efectos. El decaimiento del proyecto de ley nacional de inteligencia artificial no altera el calendario europeo. AESIA es la referencia nacional en la supervisión de estos sistemas, en coordinación con las autoridades europeas.
Las conductas cubiertas pueden solaparse con tipos penales internos y con las Directivas 2011/93/UE y (UE) 2024/1385; cuando coincidan sanción administrativa y delito debe respetarse el principio non bis in idem. Quien desarrolla, integra o despliega sistemas generativos debería revisar ahora diseño, salvaguardias y marcado, no esperar a un expediente.
Comentario de Bufete Castañeda
El 2 de diciembre de 2026 no es una fecha simbólica: cierra el período de gracia del marcado de contenido sintético y activa dos prohibiciones del artículo 5 con un régimen distinto para quien fabrica el sistema y para quien lo usa. Quien opera modelos generativos o plataformas de edición debería tratar ese día como un hito de cumplimiento.
En la práctica, proveedores y responsables del despliegue deberían:
Inventariar qué sistemas generan o pueden generar contenido íntimo o sintético, y si actúan como proveedores o como responsables del despliegue a efectos del Reglamento de IA.
Verificar salvaguardias técnicas (filtros, rechazo, notificación y acción) y, para sistemas anteriores al 2 de agosto de 2026, implantar el marcado legible por máquina del artículo 50.2 antes del 2 de diciembre.
Actualizar políticas de uso, contratos con clientes y proveedores, y canales de denuncia internos ante usos indebidos, documentando las medidas por si AESIA o otra autoridad las reclama.
En Bufete Castañeda asesoramos a empresas tecnológicas y a usuarios profesionales de sistemas de inteligencia artificial en la adaptación al Reglamento europeo de IA, el análisis de prácticas prohibidas y obligaciones de transparencia, y la relación con las autoridades de supervisión.




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